La aún pendiente reforma democrática de la comunicación y la información, uno de los 4 pilares sobre los que entiendo debe apoyarse el nuevo Uruguay solidario, ético y justo, parece ser una tarea con la que nadie puede.
Nadie duda de que la correlación de fuerzas entre el cambio reformista y el statu quo conservador es ampliamente favorable para estos últimos en un sector esencial en la construcción del poder hegemónico: el dominio de las sociedades anónimas de información en prensa, radio y televisión. El mártir trasandino, Salvador Allende, cayó en gran parte por la omnipotencia de los medios de comunicación chilenos y la impotencia de la sociedad frente a ellos. El diario El Mercurio de Chile, intelectual orgánico del golpismo pinochetista, fue más eficiente incluso que la demoledora huelga de los camioneros para tumbar al héroe americano.
Sobre la legitimidad de la reforma democrática de la información, sobre su urgencia, sobre su ética, no hay dudas. ¿Por qué entonces, transcurrida más de la mitad del período de gobierno progresista no se ha abordado siquiera el tema reformista, más allá de las protestas aisladas y poco inteligentes ante el desborde mass mediático contra la representación de la mitad más uno del país?
Las razones son diversas: el adversario histórico no sólo posee las mayorías accionarias sobre las que se basa la propiedad de casi el 90% de todos los diarios, radios y canales de televisión, sino que además cuenta no sólo con su poder tecnológico, sino con una habilidad centenaria para disimular los contenidos ideológicos latentes en sus mensajes, contenidos que, casi sin darnos cuenta, reproducen en la inmensa mayoría de la población el mensaje del establishment, sobre todo en la televisión.
Y es muy difícil, salvo para los estamentos más definidos y esclarecidos de la sociedad, darse cuenta de este gigantesco proceso de falsificación internalizado en lo más profundo de la conciencia de hombres honestos y bien intencionados. Entre otras cosas porque el uruguayo siente un rechazo visceral a descubrir planes maquiavélicos por todos lados, planes piloteados por hombres simpáticos, amables y de ancha sonrisa. Confundimos personajes con intereses. Los hombres con el sistema. El medio neutro con la estructura mercantil que lo dirige.
Si será difícil descifrar este inteligente mecanismo de relojería ideológica, realizado en nombre de las más puras aspiraciones de la humanidad, que los propios periodistas, operadores de primera línea del sistema de medios, en su inmensa mayoría, tampoco se han dado cuenta. Y en muchos casos no sólo no se dieron cuenta sino que inconscientemente oficiaron de defensores de la estafa ideológica, sin percibir la naturaleza del engaño.
Hace pocos meses, fui testigo de cargo de la confusión de mis colegas que, con la participación activa de la renegada APU, la gremial de los periodistas hoy en poder del semanario Búsqueda, denunció judicialmente al senador Korzeniak, precisamente por exhibir el carácter ideológico de los medios de comunicación hegemónicos. Korzeniak, un agudo y valiente constitucionalista, es uno de los pocos que no le teme al ostracismo con que los medios castigan a quienes los enfrentan.
Fue patético tener que declarar durante dos horas en el Juzgado, intentando explicarles a mis colegas periodistas de Búsqueda y al dirigente de APU que los defendía, que la libertad de prensa que postulaban era la libertad de los dueños de los medios, y que el objetivismo ingenuo que practicaban era parte de la ingeniería que hacía coincidir las fuentes de información con las fuentes de poder.
Si a los periodistas y a su gremial les resulta difícil descubrir la falsificación, cuánto más complicado les resulta a los consumidores, a la población, desentrañar este proceso. Es comprensible, entonces, que el tema, pese a las urgencias y sensibilidades, no esté aún en el orden del día de las reformas esenciales del gobierno del cambio.
Para que sea incluido en la agenda, con vigor y decisión, es necesario primero descubrir para la opinión pública, para los lectores, para las audiencias, para los periodistas y para su gremial, las reglas de este proceso, única forma, como diría Armand Mattelart, de emancipar al dominado de su condición de analfabeto de la institucionalidad vigente.
Sobre este tema ahondaremos en próximas entregas de “La Cosa Vostra”.
Seguimos hoy describiendo la naturaleza del sistema de información uruguayo, hegemónico desde hace más de un siglo. Dijimos el viernes último que era un sistema basado en la división tajante entre emisores y receptores, que históricamente fue una expresión de la división clasista del trabajo. Se basaba en una típica relación de poder. Yo informo, tú sos informado.
Hoy agregamos que es un sistema librado a la fuerza de los intereses particulares, centrado en el emisor, ajeno al receptor, férreamente dispuesto a defender el privilegio de un albedrío, especialmente libre para el lucro, que impone por sobre la rentabilidad social del mensaje el incremento de la rentabilidad económica a través del control absoluto del mercado.
Este modelo revela una tendencia firme y sin pausas hacia la construcción de un sistema hegemónico cuyo epicentro está constituido por los sectores y empresas privilegiadas más dinámicas y concentradas que reabsorben o minimizan el efecto de los generadores de mensajes más aislados o atrasados, acentuando el peligro de las formas antidemocráticas en el área informativa. Y por otra parte, las bases empresariales, ubicadas fuera del fenómeno monopólico, carecen de fuerza y línea estratégica para resistir el proceso de concentración y en la mayoría de los casos coinciden con los objetivos, por definición no participativos, de la hegemonía descripta.
Actuantes por definición como intermediarios naturales en la comunicación entre Estado y sociedad, los medios masivos llevan a cabo tan singular función incumpliendo los dos grandes objetivos de su presunta responsabilidad: expresar genuinamente el pensamiento de la sociedad civil ante el Estado y transmitir a aquélla, las ideas fuerza de éste, sus criterios de acción, decisiones y fundamentos de políticas, exhortaciones a la solidaridad, a la cooperación y a la participación. Estos dos objetivos no son cumplidos por los medios, en primer lugar porque nadie, ni el Estado ni la sociedad, se lo exigen, y en segundo lugar, porque los medios se han considerado, por derecho propio, titulares exclusivos y excluyentes del derecho a la información sin dar cuenta a nadie, ni a la sociedad ni al Estado, de las tareas propias de su función, que consideran derivadas de un singular derecho de expresión y no delegadas de un derecho fundamental cuyo titular es la sociedad en su conjunto.
Esta omnipotencia de los medios tiene como contracara la impotencia de una sociedad desmovilizada, ignorante de sus derechos, cautiva y cooptada ante una oferta cultural impuesta según la ley del interés particular. Se supone que la sociedad debiera ser la razón de ser del sistema de comunicación. Sin embargo, hoy por hoy, la sociedad, razón de ser del sistema, no participa ni resuelve nada al respecto. El poder se encuentra en los medios, que engendrados por la sociedad y teóricamente regulados por el Estado para servir a ésta, intervienen en la vida de ambos, más que el Estado y la sociedad intervienen en la comunicación. Los medios programan el consumo cultural de la razón de ser del sistema y la sociedad sólo recibe de éstos, meros indicadores de circulación o audiencia, expresiones pasivas de aprobación o desagrado.
La gran mayoría de la población continúa hoy privada, por distintos caminos, de lo que le es originario. El derecho a participar de modo directo y sin tutelas en la actividad política por excelencia: comunicarse con sus conciudadanos.
Los medios
de comunicación se vuelven, cada vez más, estructuras técnicas sofisticadas que requieren de inversiones importantes y de una organización empresarial moderna. Es cada vez más difícil que cualquier ciudadano pueda hacer uso de estos medios para ejercer su libertad y, precisamente, su libertad de expresión sólo tiene sentido y realidad en la medida en que efectivamente comunica su pensamiento a los demás, no en el mero acto de gritarlo en la soledad de su casa. Esa libertad no puede ser un absurdo monólogo interior, un virtual ejercicio onanista, sino un auténtico intercambio social.
Y en este sentido, el derecho a dar y recibir información no puede jamás formularse como contradictorio con el ejercicio de la libertad de expresión, sino por el contrario, como su defensa. La real contradicción se presenta cuando el ejercicio de la libertad se combina con intereses económicos particulares nacidos de la rentabilidad que para algunos ofrece el hecho de vender en el mercado aquello de lo que los demás carecen. El antagonismo se expresa entre el sentido social de la información y su mercantilización privada.
Y no se nos diga que en nuestro país nadie niega el derecho de la sociedad a participar en las decisiones del circuito informativo y que lo que pasa es que ese derecho no se ejerce.
Los derechos fueron conquistados por los pueblos para ser ejercidos. Un derecho que no puede ser ejercido no existe como tal.
La reforma democrática de la comunicación pasa por entender también las diferencias entre democracia formal y democracia sustancial. La democracia formal se detiene en el cómo de su ejercicio mientras que la democracia sustancial apunta hacia el quién la ejerce. Aunque en materia de democracia informativa nos encontramos en la prehistoria del liberalismo político. También el cómo le ha sido confiscado a la sociedad y hay que comenzar a recuperar el cómo para después recuperar el quién. *