Acaban de cumplirse, el domingo 27 de junio, nueve largos años de la pesadilla uruguaya,
cuando los militares de esa pequeña nación sureña decidieron tomar por asalto las
instituciones republicanas, cancelando 83 años de gobiernos civiles en el país.
El balance de la gran bacanal pretoriana, impulsada por una voluntad punitiva como jamás
conoció la historia de ese país, exhibe por doquier una regresión de tal entidad, en todos los
órdenes de la vida nacional, que sólo una economía de guerra y una virtual refundación de
la sociedad política podría mantener vigente la vocación de nación autónoma, cuando a los
administradores de la violencia les sean quitadas las llaves maestras del proceso decisorio.
Los dictadores, prepotentes pero no tontos, fueron los primeros en comprender la necesidad
de pilotar un relevo y una descompresión, que no relevara ni descomprimiera más que la
voluntad de cambio de una sociedad por ellos intoxicada. De no intentarlo, la crisis del
régimen podría llegar a convertirse en crisis de dominación.
Apostaron al cambio ficción construyendo una oferta moral y política basada en una
flexibilización liberal, pero profundamente antidemocrática y por definición no participativa,
cuyo soporte es el mantenimiento de la proscripción de la oposición real en todos los
espacios donde ésta podía expresarse y emanciparse del lecho autoritario. Apostaron a la
inmadurez de la ciudadanía y al mantenimiento de la tutela militar sobre la sociedad civil y
sus instituciones. Y se equivocaron.
El histórico plebiscito de noviembre de 1980 probó la magnitud de reservas históricas
guardadas celosamente por el pueblo uruguayo que en la emergencia se reencontró con su
perdida condición de mayoría. La tozuda impermeabilidad de una fuerte sociedad civil como
la uruguaya, construyó un apasionado y desprolijo NO que sepultó el cronograma de
ciudadanos zombies propuesto por los uniformados.
Después vino el desaprovechamiento colectivo de la gran oportunidad. La falta de proyectos
alternativos. La no explotación del factor sorpresa. La pérdida de iniciativa. La táctica del
diálogo y los conciliábulos ante un adversario desmoralizado. Las desgastadas
superestructuras políticas tradicionales probaron una vez más no estar a la altura de las
circunstancias, defraudando a la gente, que en masa, superando todos los obstáculos,
intentó inventar el futuro. Faltó imaginación y audacia política. La que le sobró a la gente. La
que le faltó a los dirigentes.
Y fue así como el bloque autoritario se rehizo, impuso en el Palacio Estévez a un militar
motinero, verdugo de Seregni, el general Gregorio Alvarez, y un nuevo cronograma fue
anunciado al país, ante la sorpresa general. Un cronograma cuya pieza angular reside en
un estatuto de los partidos políticos que desconoce la existencia del Frente Amplio y de
todas las organizaciones de izquierda que hayan estado dentro o fuera de la gran coalición,
que mantiene, con excepción de Pacheco Areco, la proscripción de todos los máximos
dirigentes políticos vigentes en el país antes del golpe de estado, sean éstos blancos o
colorados o frenteamplistas, que castiga con pena de prisión a quienes los mencionen en la
propaganda previa de las elecciones internas del próximo 28 de noviembre donde sólo tres
partidos autorizados – Blanco, Colorado y Unión Cívica – consagrarán a sus autoridades.
El 3 de junio pasado el Consejo de Estado modificó el proyecto general introduciéndole
variantes destinadas a restarle importancia al evento, a impedir que éste se transforme en
un nuevo plebiscito nacional, a desacelerar la dinámica de las elecciones internas y a
buscar en todo momento la atomización del electorado.
Tal objetivo, según sus asesores, se lograría prohibiendo la elección directa de los 15
miembros del Directorio de cada partido, estableciendo que estos 15 ciudadanos sean
elegidos por 500 convencionales por cada organización quienes a su vez serían elegidos
por voto universal, completándose tal resolución con la prohibición de repetir candidaturas
en más de un Departamento y negando toda acumulación de votos. De esta manera intenta
atomizar la elección e impedir que el pueblo sepa qué tendencia partidaria ganó y al mismo
tiempo a quién votar. No es lo mismo votar una lista única en todo el país de 15 ciudadanos
conocidos, que votar a 500 ciudadanos poco conocidos, diseminados en todo el país, y sin
posibilidad de acumulación de voto por circunscripción.
Tamaña táctica busca impedir que el genio y la picaresca de un pueblo comprimido
reproduzca la épica del plebiscito del 80 y logre transformar estas condicionadas
elecciones internas en un voto masivo contra la dictadura, mediante la consigna de votar
una lista única antidictatorial tanto en filas blancas como en filas coloradas.
Tal posibilidad, parece estar cerrada, con las recientes modificaciones al Estatuto, pero aún
falta la reglamentación final, anunciada para el mes de julio. Conocida ésta, analizaremos
las distintas posibilidades tácticas que se le presentan, tanto a la oposición tolerada, como a
la izquierda en todas sus variantes – la gran excluida del proceso – sin perder de vista la
posibilidad del voto en blanco, que sería una forma de marcar la voluntad de los excluidos.
Otra gran incógnita que debe ser analizada gira en torno a las ventajas y peligros que una
incidencia masiva de votantes frenteamplistas en el seno de los partidos y blanco y colorado
traería aparejada a una izquierda, que aún no ha convocado a la gran mesa de la unidad de
acción capaz de transformar el simple sentimiento de rechazo en una disposición activa,
amplia y coordinada, sin exclusiones, de todos con todos, en un momento en que la piel de
la izquierda está siendo subastada al mejor postor.