Uno de los aspectos más parciales del informe que el señor representante
especial de la ONU, el colombiano Rivas Posade, presentó sobre Uruguay a la
Comisión de Derechos Humanos del organismo, gira en torno a la situación de
las cárceles.
Su informe no sólo no coincide en absoluto con las denuncias efectuadas por
familiares y presos, sino que tampoco coincide con lo comprobado por el
Comité Internacional de la Cruz Roja, sobre cuyo reporte confidencial hemos
escrito en oportunidades anteriores en Unomásuno.
El representante especial no percibió que todo un sector del penal de Libertad,
constituido nada menos que por 150 reclusos, no sale jamás de su celda, ni
para trabajar ni para tomar aire, con excepción de la hora diaria de recreo si no
están sancionados, lo que ocurre con abrumadora frecuencia. Tampoco
observó que 50 prisioneros políticos están aislados de a uno por celda, sin
posibilidad alguna de intercambiar palabras con otros reclusos, y que toda esta
situación en esos casos lleva ya más de diez años de duración. Tampoco
escuchó el representante especial, de los presos con los qué dialogó en
privado, el relato de la represión constante, del hostigamiento sistemático, de
las sanciones irracionales, del obstinado propósito de quebrar en ellos toda
capacidad de rebeldía, del afán de destruirlos física y psíquicamente. Tampoco
observó que no se les llama jamás por su nombre sino por un número, ni las
condiciones traumatizantes en que se realizan las escasas visitas de sus
familiares. Estamos en condiciones de afirmar que los hombres y mujeres
presos con los que habló el representante especial confiaron en él y le narraron
todas estas cosas a riesgo de represalias gravísimas y su informe nada dice al
respecto. ¿No preguntó el representante especial en algún momento, por qué
352 presos pasaron al régimen de “Medidas prontas de seguridad”, después de
haber cumplido íntegramente sus condenas?.
¿No le sorprendió que Elena Vasilskis, con quien conversó a solas en la celda
y contra quién el fiscal militar reclamó 18 años de prisión, fuera condenada por
el juez militar a 28 años; condena aumentada a 30 años por el Supremo
Tribunal militar, a los que se sumarán de 5 a 10 años de medidas de seguridad,
en flagrante violación de las normas legales que impiden a un juez condenar a
Pena Mayor que la reclamada por el ministerio fiscal, actuante en nombre de la
sociedad ofendida?
El representante especial, ni vio, ni oyó, ni observó nada raro.
Y cuando se decide a brindar su imparcial opinión afirma -después de hablar
con Liliana Celiberti de Casariego, capturada en Brasil y conducida ilegalmente
a Uruguay- qué “las condiciones dé su captura no han sido totalmente
esclarecidas”, omitiendo mencionar que sí fueron esclarecidas por las
autoridades brasileñas que ya juzgaron y condenaron a dos agentes de los
servicios de seguridad implicados en el secuestro, existiendo profusas
confusiones de los implicados, olvidándose además que el propio Comité de
Derechos Humanos de la ONU ya había condenado al régimen uruguayo por
ese comprobado secuestro.
Lo más acusatorio que el señor representante especial osó decir en su informe
es que pudo comprobar que algunos presos no se encontraban en la cárcel
donde debían estar. Lo que no dijo es que son precisamente los nueve rehenes
qué, sustraídos de sus celdas, están siendo asesinados poco a poco, en
unidades militares, aislados entre sí, en soledad permanente, frecuentemente
torturados y trasladados cada pocos meses del lugar de detención. Nos
referimos a Raúl Sendic y a otros ocho dirigentes de primera línea del
Movimiento Tupamaro que en la década de los 60 se enfrentó con las armas en
la mano de la dictadura constitucional de Pacheco Areco.
Omite además el informe reportar cuál es el número de los presos liberados por
la justicia por haber cumplido sin condenas, y que aún siguen confinados en
detención administrativa.
No dice muchas cosas el señor representante especial pero lo que no se olvida
de apuntar es que las condiciones de las cárceles uruguayas son aceptables, y
revelan limpieza y orden. Afirmar como síntesis de la – situación carcelaria
uruguaya tamaño aserto, formulado nada menos que por un funcionario de la
ONU preocupado por los derechos humanos en el mundo, revela una
complicidad delictiva qué debe ser denunciada ante el nuevo Secretario
General de las Naciones Unidas.
Sólo si el señor representante especial compara las condiciones de las
cárceles políticas uruguayas con las de Haití podría afirmar que son
aceptables. Siempre será posible encontrar situaciones peores. Pero no era
ese él mandato que le había sido encomendado. “El problema no radica en la
limpieza y orden de los locales, sino en el hostigamiento sistemático contra los
presos y en la política de destrucción cuidadosamente planificada por los
oficiales de seguridad con la colaboración dé sicólogos militares.
Y todo ello puede hacerse en un penal limpio, como se hizo al término de la
inspección del representante especial con tres mujeres presas e indefensas:
Elisa Michelini, Brenda Sosa y Edith Castillo; golpeadas por hombres
uniformados armados de palos hasta dejarlas inconscientes. El informe del
señor representante especial de la ONU, doctor Rafael Rivas Posada, quien
traicionó la confianza de hombres y mujeres indefensos que se animaron a
revelarle hechos que jamás transmitió a sus mandantes, obtuvo ya los primeros
frutos de su felonía: tres prisioneras políticas hospitalizadas, que creyeron en él
y cuando eran golpeadas inmisericordemente escuchaban con estupor que les
gritaban ante sus compañeras presas para que a todas les sirviera de lección:
“¡Vayan a quejarse a las Naciones Unidas!”. Total, para qué sirve….