La larga mano de los que hoy administran en nuestra América, este ya
demasiado persistente tiempo de la infamia, alcanzó tierra mexicana y nos dejó
el dolor de la ausencia de dos de nuestros mejores valores.
Alaíde Foppa y Valentín Ferrat; perseguidos latinoamericanos refugiados en
este generoso país, unidos sin conocerse por la militancia solidaria, la utopía
de la liberación de los pueblos, el afán de los derechos humanos, el periodismo
crítico y las letras combativas, dejaron con un poco de valentía y otro poco de
ingenuidad su seguro refugio, para acercar su mensaje, allí donde la vida duele
en serio, donde se juega el Partido real.
En Guatemala, tierra de horrores, récord junto con El Salvador de crímenes
políticos cada 24 horas, fueron cazados por un Leviatán inmisericorde,
adiestrado desde hace décadas para la faena.
Con ambos nos unían lazos de los que no se rompen. Con Alaíde lazos
surgidos en la infancia, cuando uno era un chiquilín imberbe y ella cruzaba la
adolescencia en un barrio de Buenos Aires, donde mi abuelo Federico Martens,
costumbrista empedernido, autor de Las de enfrente, intimaba con el padre de
uno de sus mejores amigos, el bueno de Tito Livio Foppa, escritor
guatemalteco, cofundador con mi abuelo dé la sociedad argentina de escritores
(Argentores), y en cuya casa pasamos momentos inolvidables.
Con Valentín, lazos nacidos en la amistad de la derrota y la esperanza. En la
Felap, en la porfiada aventura de Radio Noticias del Continente y su
resurrección mexicana, para la cual nos urgía y reclamaba todo tipo de
solidaridades, y en múltiples idas y venidas donde su figura militante siempre
evocaba presencias y derroches de esfuerzos.
Ambas desapariciones revelan, una vez más, que en los tiempos que vivimos
el periodismo militante, en los principales frentes de batalla, implica la apuesta
de la propia vida. No se trata ya de la tradicional y heroica imagen del
corresponsal de guerra, hombre de letras que avanzaba junto con las tropas en
cualquier frente de lucha. Podía morir, pero la muerte sería producto del
accidente, de la mala suerte, del obús que estalla sin elegir a las víctimas. La
situación dramática de hoy es bien distinta y corresponde a la agudización de
las contradicciones sociales que estallan en nuestras comarcas. El periodista
que no está comprado, aquel que opta por relatar la verdad y describir “lo que
ve y toca”, ese periodista, se denomina, en el argot de las pandillas militares de
las dictaduras, “un muerto que camina”.
No por casualidad, el crimen del doble secuestro tiene lugar en Guatemala. El
trágico destino de la noble tierra guatemalteca ha escrito una de las páginas
más tristes de la historia universal: en los últimos 27 años han sido asesinados
cien mil seres humanos, de acuerdo a los datos proporcionados por la Unión
Nacional de Mujeres de ese país. La guerra secreta entre las dictaduras y sus
pueblos se ha vuelto insoportable a partir de la llegada del centurión en turno,
el general Romeo Lucas García, el 1° de julio de 1978. En sus primeros nueve
meses de gobierno el Atila de América Central elevó el promedio de crímenes
políticos a 4.4 por día. Solamente en los dos últimos años asesinó a 200
profesores y a 500 estudiantes. Para ello contó con el apoyo de Estados
Unidos, Israel, Chile y Argentina, países que le suministraron ayuda logística,
política y militar. En 1977, Israel envió 50 mil fusiles Galil, un millón de
cartuchos, dos mil ametralladoras livianas y pesadas, 15 aviones Arava para
transporte de tropas y cinco helicópteros. En octubre de 1980 había cien
oficiales del ejército guatemalteco en cursos de adiestramiento en Chile, y
meses más tarde viajaron a ese país 75 oficiales más, para ser instruidos en la
Escuela de Carabineros de Santiago. Aproximadamente 200 oficiales se
entrenan en Argentina, particularmente en técnicas de interrogatorio y tácticas
represivas. Y la historia parece no tener fin. El próximo mandatario
guatemalteco ya ha adelantado en discurso público que gobernará “con un
revólver en la mano”, por desconocer otra forma mejor para convencer a sus
ciudadanos.
¿Qué hacer entonces, por Alaíde y Valentín en manos de semejantes
carceleros? Nos adherimos con todas nuestras fuerzas a la consigna del II
Congreso Latinoamericano de Familiares de Detenidos-Desaparecidos que
acaba de culminar en Caracas: “Hasta que aparezcan”. En América Latina ya
son 90 mil los ciudadanos que pasaron a engrosar la arbitraria categoría de
desaparecidos. Un término que no posee validez jurídica alguna, que no
especifica si el prisionero está vivo o muerto, si saldrá en libertad algún día, si
su condición física es buena o está enfermo. La categoría de desaparecido es
uno de los crímenes más crueles legalizados por los hechos, surgidos de la
demencia dictatorial.
De un día para otro el opositor deja su casa, su familia, su trabajo. Ya no está.
No existe. No ha sido detenido. No ha sido fusilado. No ha sido desterrado.
Sencillamente ha desaparecido. Los familiares recorren comisarías, tribunales,
cuarteles y en todos lados obtienen la misma respuesta: no está. Publican el
nombre del secuestrado en los periódicos y nadie responde al llamado. Pasan.
uno y más años y la situación permanece inalterable. La ignorancia acerca de
la suerte corrida por el familiar crea un clima de angustia intolerable. Es que la
desaparición forzosa es una acción que niega la vida y también la muerte. La
vida porque el detenido nunca retorna a su hogar, tal como si hubiera muerto.
Pero niega también la muerte, porque el cadáver -si es que ha sido asesinado-
tampoco aparece jamás. Si existe un derecho que no puede ser eludido es
aquel cuya tradición nació junto con la humanidad: el de enterrar a los muertos.
Alaíde, Valentín y los 90 mil latinoamericanos desaparecidos nos convocan a la
tarea cotidiana de derrotar la ley del olvido, sepultar la conspiración del silencio
y construir el salto cualitativo del pasaje de la búsqueda personal del familiar a
la tarea colectiva y estructural propuesta en el encuentro de Caracas. ¡Hasta
que aparezcan!