¿Cuál puede ser el límite en el hundimiento general de un país? ¿En qué momento llega a
“tocar fondo” antes de precipitarse en el caos general? Argentina, en ese sentido, está
ofreciendo el ejemplo más ilustrativo de cómo un país dueño de inmensas posibilidades y
recursos, se desploma a tal extremo que todos los valores culturales, sociales y morales
pierden su contenido y se transforman en simples slogans que ya no alcanzan a convencer
a nadie.
Los dos últimos meses, se han caracterizado, en ese país, por ser aún más catastróficos
que los anteriores. En los meses precedentes ya hubo una devaluación del peso del 400 por
ciento, en tanto que la inflación se incrementaba, en lo que iba del año, en un 75 por ciento.
Solamente el precio de la carne, tradicional alimento de los argentinos, aumentó un 66 por
ciento en apenas dos semanas. Poco después, cuando la afirmación del Ministro de
Economía, Lorenzo Sigaut, de que no habría nuevas devaluaciones, flotaba aún en el aire,
se produjo una espectacular baja de peso —la cuarta en el año— con lo cual un dólar pasó
a costar 7.500 pesos nuevos, es decir, 750 mil de la antigua moneda. En el mercado negro,
la divisa norteamericana llegó a cotizarse a 8 mil 500 nuevos pesos.
Lo curioso del caso es que tres de esas cuatro devaluaciones fueron precedidas de un
pedido de confianza del Ministro de Economía y del propio General Viola quienes, incluso,
se quejaron del descreimiento de la población en sus afirmaciones. En esas tres ocasiones,
Sigaut declaró firmemente que no se producirían nuevas bajas del peso.
El monto del endeudamiento del sector privado alcanza la sideral cifra de 101 billones de
pesos proclamándose una moratoria impositiva general pagadera en 20 cuotas indexadas.
El déficit de la balanza comercial en el primer semestre de este año supera los 600 millones
de dólares y de aquí a fin de año los militares argentinos deberán abonar por concepto de
deuda externa, de servicios de intereses y amortizaciones casi 8 mil millones de dólares,
que obviamente no tienen.
Simultáneamente con este proceso que ha obligado a la Argentina a disminuir sus reservas
de 10 mil millones de dólares a solamente 1.200 millones, se desató una ola de despidos y
suspensiones sin precedentes en la industria de ese país. La fábrica de automóviles Renault
suspendió a 5 mil obreros, la Dodge-Volkswagen y la Fiat hicieron lo propio con casi 8 mil
trabajadores v Mercedes Benz dispuso la cesantía de 300. En la rama textil fueron dejados
cesantes 250 trabajadores mientras se suspendía a 6.600 más, con lo cual totalizar 10.500
los obreros textiles que han perdido, definitiva o temporalmente, su trabajo. La fábrica Ford,
que ya había reducido en una hora la jornada diaria (hora que, por supuesto, no se paga),
redujo también en un día la semana laboral y se dispone a añadir otros días más con lo cual
los trabajadores sólo estarían en actividad tres días a la semana. Medidas como ésta,
reducen en forma dramática los salarios, de por sí ya bajos, que cobraban. Los signos de la
crisis resaltan en todos los sectores; incluso en el propio gobierno quien ha debido sustituir
en varias oportunidades al presidente del Banco Central debido a las diferencias
manifestadas públicamente. Las capas medias de la población, por su parte, se agolpan
frente a las casas de cambio tratando de comprar dólares y resguardar, así, aunque sólo
sea temporalmente, el poder adquisitivo de sus sueldos. Muchos industriales han quebrado
o se hallan a borde de la ruina y cientos de fábricas se vieron obligadas a cerrar sus
puertas.
La respuesta masiva más importante frente a tal situación, ha sido la huelga del Sindicato de
Mecánico (SMATA), que paralizó en junio unos 150 mil trabajadores. La represalia de la
dictadura consistió en el arresto de mil quinientos obreros que intentaban realizar un acto de
protesta.
EL TIEMPO DE LA ILEGALIDAD
Mientras tanto, la ilegalidad impuesta por la dictadura no cede terreno. Recientemente, un
cable de France Press informaba de la muerte de un soldado argentino perteneciente a
Fuerza Aérea, cuyos restos fueron entregados a sus familiares en una urna herméticamente
cerrada. El joven se llamaba Carlos Fernando Olguin y tenía tan sólo 20 años de edad.
Quince días antes Olguín había cruzado la cordillera para solicitar, junto con un compañero
suboficial de la Fuerza Aérea, asilo a las autoridades chilenas.
No se trataba de un asilo político; las razones que impulsaron a los dos jóvenes a trasponer
la frontera fueron exclusivamente económicas. En Argentina ganaban muy poco dinero y
tenían apremios económicos. Creyeron que en el país vecino obtendrían mejores salarios.
Tampoco eran espías de ningún bando: sencillamente eran dos muchachos que se lanzaron
a una aventura que muchos, particularmente a los 20 años, han ensayado con mayor o
menor suerte. Pero como existe un conflicto fronterizo entre ambos países, Chile prefirió un
gesto de buena voluntad y devolvió al Ejército Argentino a los dos “aventureros”. Una
semana más tarde, Olguín moría. Y los familiares recibían una urna cerrada y la orden
terminante de enterrarlo inmediatamente.
¿Cómo murió, en qué circunstancias, quién lo mató? Esas preguntas no fueron respondidas.
Presumibles mente, el joven fue asesinado por sus superiores en un acto de impunidad que
la prensa argentina no se ha animado a comentar. Y este hecho que aparentemente podría
carecer de importancia en un país donde existen 20 mil personas cuyo paradero se
desconoce revela en realidad que el actual equipo no está dispuesto a modificar
sustancialmente la política de crímenes de sus antecesores. Para confirmarlo, otro cable
señala que el trabajador de San Juan, Horacio Alberto Castro, que tuvo la audacia de
participar en una huelga, fue secuestrado y su cadáver apareció, días más tarde, con 36
proyectiles en su cuerpo. De nada valieron los reclamos de los familiares; el gobierno
guardó silencio.
Lo curioso de este hecho, es que las Fuerzas Armadas Argentinas lo cometan en nombre de
una idiosincrasia nacional, en nombre del Dios de los cristianos y en defensa de poderes
internacionales que presuntamente quieren penetrar en ese país. Pero los mismos diarios
que guardaron silencio ante la muerte de estos dos jóvenes, ocultaron también que varios
integrantes de esas Fuerzas Armadas son militantes de un organismo extra nacional, ajeno
a esa idiosincrasia tantas veces enarbolada.
Nos estamos refiriendo al descubrimiento de una secta masónica en Italia, con
ramificaciones en otros países del mundo: la Logia Propaganda-2 (p-2), que cuenta en sus
filas : con casi mil figuras políticas y militares de Europa y América Latina. La organización,
vinculada con negocios corruptos y clandestinos, provocó en Italia la caída del gobierno y
una crisis que ha escandalizado a todo el Viejo Continente.
¿Y quiénes participan en esa logia? Entre otros, el contralmirante Emilio Massera, ex
miembro de la Junta Militar Argentina; el General Carios Suárez Masson, actual presidente
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales; un contralmirante llamado Juan Questa, y De la Plaza,
ex embajador argentino en Uruguay.
Es decir, que los mismos hombres que asesinaron a aquellas 20 mil personas acusándolas
de responder a intereses foráneos, son los que participan en grupos clandestinos vinculados
a atentados neofascistas, asesinatos de políticos europeos y desfalcos bancarios que han
escandalizado a toda Europa. Son los mismos hombres que han enviado 80 oficiales a El
Salvador, para participar en la matanza indiscriminada en ese país centroamericano. Los
mismos que participaron en el golpe de Estado de Bolivia y el asesinato del inolvidable
Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y los mismos oficiales argentinos que combatieron junto a
Somoza en Nicaragua.
Los militares argentinos parecen haber logrado un viejo anhelo: convertirse en una fuerza de
choque continental, participar en superestructuras clandestinas mundiales y eliminar una
generación completa de seres humanos en su propio país.