Un acontecimiento tonificante en la lucha por los derechos humanos en América Latina,
tuvo lugar recientemente en Montevideo, capital de una de las autocracias más inflexibles
del continente. Por primera vez desde el asalto a la instituciones republicanas, producido en
ese país el 27 de junio de 1973, 60 familiares de desaparecidos políticos uruguayos,
llevaron a cabo una jornada pública de ayuno y oración en el Colegio de la Inmaculada
Concepción, ubicado en Julio Herrera y Obes 1431, contando con el apoyo logístico y
concentrado de múltiples homilías religiosas en parroquias de Montevideo y del interior del
país. El hecho, reiterado con valentía en otros solares, dignificado por ese ejemplo de
heroísmo y perseverancia de “las madres argentinas de Plaza de Mayo”, o las luchas de los
familiares apoyados por la vicaría de la solidaridad en Chile, carecía de antecedentes en la
patria de Artigas, en virtud de la ausencia total de espacios disidentes, bloqueados a cal y
canto por el régimen de los 25 altos oficiales de las fuerzas armadas.
Decíamos el año pasado que los primeros síntomas de reactivación comenzaban a
producirse y que, partiendo de una insuficiente acumulación pasiva de fuerzas, las mayorías
anti dictatoriales incitaban el tránsito, quizás con más entusiasmo que brújula, hacia la
construcción de una acumulación activa que modificara la correlación desfavorable de
fuerzas.
El plebiscito nos dio la razón y la jornada pública de ayuno y oración nos la confirma. Se
necesita demasiada fortaleza para desafiar a una dictadura paranoica y necrofílica, cómo la
uruguaya, tal como lo han hecho los 60 familiares de los desaparecidos y los centenares de
hombres y mujeres que se acercaron a prodigarles su solidaridad activa.
La iglesia uruguaya, cuya cúpula descomprometida e indiferente en estos años de
ignominia, desmintió día a día, sus antecedentes pasados y en esta oportunidad permitió
que muchos de sus mejores hombres apoyarán la iniciativa, incorporando formalmente de
esta manera a la lucha antidictatorial, a un sector decisivo de la sociedad civil sometida.
Centenares de telegramas y cartas de adhesión fueron enviadas a la sede de las jornadas,
apuntalando la voluntad de resistir y haciéndoles saber que no están solos y que el mundo
los mira. La jornada tuvo lugar en el marco de la “Semana del detenido-desaparecido”
acordada por 63 organizaciones de solidaridad y Derechos Humanos en América Latina,
Estados Unidos, Canadá y Europa. Durante esos siete días en decenas de naciones se
llevaron a cabo acciones y reflexiones tendientes a crear una conciencia mundial en los
pueblos.
Uno de los objetivos de la movilización mundial consistió en proponer a las Naciones Unidas
y a la OEA bases jurídicas diferentes a la cínica fórmula de la muerte presunta con que se
pretende eludir responsabilidades. La iniciativa fue impulsada por el comité Pro-derechos
humanos de Costa Rica y la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el
Desarrollo Social, con sede en Caracas, y estableció como objetivo central “recoger las
banderas de los desaparecidos y convertir el dolor de las víctimas indirectas en arma no
violenta de liberación”. Intentando decirles a los familiares de los desaparecidos que su
dolor no ha sido inútil, qué ningún sacrificio es estéril cuando se toma conciencia.
El fenómeno político de la organización de los familiares de los desaparecidos es
virtualmente nuevo en la historia latinoamericana, y su pujanza y eficacia ha llamado la
atención de los observadores y analistas. La destrucción militar de los tradicionales fusibles
(parlamento, poder judicial, partidos políticos, gremiales, etc) con que las clases dominantes
intentan controlar las profundas contradicciones que impregnan el tejido social, permitieron
el rápido desarrollo de nuevos canales defensivos como los movimientos de familiares a los
que aludimos. Estos encierran – como bien se señaló en el Primer Congreso
Latinoamericano de Familiares de Desaparecidos, reunido en enero último en Costa Rica-
una gran heterogeneidad sociopolítica pero a la vez una amplitud considerable.
El congreso dio el primer paso hacia la creación de una federación latinoamericana de
familiares de desaparecidos políticos rechazando – aporte cualitativo algo más que
semántico- rechazando el concepto de desaparecido y sustituyéndolo por el de “detenido-
desaparecido”. Todo desaparecido fue antes detenido por los gobiernos autocráticos, únicos
responsables de los destinos sufridos por los prisioneros. Por lo tanto son inadmisibles
todas las declaraciones sobre ausencias o muertes presuntas con las que los despotismos
buscan eludir su crimen de lesa humanidad.
Al respecto la federación elaborará un proyecto de conversión que será elevado a la ONU
estableciendo que “los promotores, instigadores, autores intelectuales y materiales y
cómplices, son personalmente responsables sin que se pueda invocar como defensa, el
cumplimiento de órdenes superiores ni la doctrina del acto de estado y que así mismo es
imprescriptible e improcedente cualquier indulto, amnistía o medida de gracia respecto a
sus autores”. La lucha de las madres, padres, esposos, hermanos, abuelos e hijos contra
este flagelo infamante de las desapariciones políticas, que en América Latina se acerca a la
increíble cifra de casi cien mil secuestrados políticos, representan, al decir del congreso,
una forma determinada y peculiar del tránsito del sentir, al saber y al actuar, componente
insustituible de todos los grandes movimientos sociales.
El empecinamiento, la continuidad, la intransigencia en su demanda, contra uno de los
instrumentos más odiosos de las tiranías, protagonizados por los familiares de los
detenidos-desaparecidos, hoy organizados, constituye algo más que un elemento
coyuntural o un testimonio humanista. Quizás su mayor e inédito significado, en la dura
fase actual de las sociedades sometidas, radica en que con su presencia, encarnan una
posibilidad más, esta vez concreta y valiosa, de la resistencia cotidiana al doblegamiento
interior y a ese nuevo tipo de ciudadano sometido que exige el proyecto estratégico de las
dictaduras militares.