El gobierno colombiano acaba de rechazar a través de su ministro de Justicia, Felio
Andrade Manrique, la propuesta de paz formulada por el Movimiento 19 de Abril (M-
19), una de las más activas organizaciones guerrilleras urbanas de América Latina.
De esta manera, queda formalmente sellado el fracaso de la amnistía propuesta por
Turbay Ayala, considerada como trampa mortal por las organizaciones guerrilleras,
quienes se negaron a deponer las armas incondicionalmente: solo seis
combatientes se acogieron a la “ley del olvido”.
El M-19 exigía en su fórmula de acuerdo el levantamiento del estado de sitio, y al
negarse el régimen, queda abierta una nueva etapa de luchas violentas en el seno
de su desgastada sociedad civil. Según reconoció el propio ministro de Defensa,
general Luis Carlos Camacho Leyva, “en el último año, 127 miembros de las fuerzas
armadas murieron en combates contra la guerrilla, cuyo accionar ha venido
cobrando una intensidad sin precedentes en nuestra historia”.
Pero qué es esta organización guerrillera de nuevo tipo que mantiene en jaque a la
ilegítima coalición liberal-conservadora. El M-19 fue creado el 19 de abril de 1970 a
consecuencia de uno de los fraudes electorales más escandalosos de la historia
colombiana. En aquella oportunidad, el candidato del Frente Nacional, Gustavo
Rojas Pinilla, ganó las elecciones presidenciales, y mientras el pueblo festejaba el
triunfo en la calle, el Partido Consevador y el Partido Liberal se agruparon para
distorsionar los resultados de las urnas. Los tanques del ejército ocuparon las
principales ciudades y fue inutil la protesta popular.
Ese hecho político impulsó a un grupo de militantes de la ANAPO -partido de corte
populista- a construir la vía armada como estrategia de lucha política. La opción no
era precisamente novedosa en Colombia: desde hace más de 30 años operan en
ese país diversos grupos armados, muchos de los cuales crecieron y
desaparecieron con el impulso de la revolución cubana. Las FARC (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el
EPL (Ejército Popular de Liberación) y otros grupos pequeños, pero activos, han
mantenido un constante accionar que fue admirado y también criticado por las
fuerzas políticas de izquierda del continente. La principal objeción del método
guerrillero colombiano se basó en la eficacia de la lucha: cualquiera sea la
estrategia de acción política, esta debe progresar en sus objetivos de poder. En
cambio, las formaciones armadas se han mantenido en la selva, alejadas, librando
combates intensos pero siempre ajenos a la vida política de las masas, jamás
fueron derrotados -hecho demostrado por tres décadas de existencia- pero
tampoco lograron imponer una presencia política que modificar las relaciones de
fuerza. Aparentemente se produjo un estancamiento y un empate coyuntural.
Con la aparición del M-19 pareció modificarse la situación. Centrando su accionar
en las principales ciudades industriales, este movimiento creció en forma
sorprendente. Sus planteamientos son democráticos, nacionalistas y
revolucionarios. Propugnaban la participación del pueblo colombiano en la
conducción de su destino, la democratización de la economía, una gestión
independiente y autónoma como nación soberana y libre; el cambio profundo de las
relaciones económicas y políticas, como condición necesaria para la plena vigencia
de la democracia, la justicia social, la libertad y soberanía nacionales. Combinan las
distintas formas de lucha a través de la construcción de un partido revolucionario, un
frente patriótico de liberación y un ejército popular. Su organización interna es
centralizada, vertical y clandestina. Aunque algunos de sus dirigentes se definen
como socialistas, la condición considera que no es adecuado en las condiciones
actuales agitar esas banderas, sino la lucha por la democracia y la liberación
nacional”.
Ha sido el M-19 la organización que más logró – siempre en términos relativos –
desestabilizar el gobierno de Turbay. En efecto, recientemente comenzaron a
circular rumores acerca de un posible golpe de Estado que sería realizado por los
sectores más intransigentes del ejército. A tal punto llegaron las especulaciones que
el presidente de la república suspendió un viaje que tenía proyectado a Pekín.
Simultáneamente, endureció su política y lanzó ofensivas militares en todo el
territorio, brutalizado el régimen carcelario, posiblemente con la intención de
satisfacer a esos grupos “duros” y arrebatarles sus banderas. Últimamente se
dedica a perseguir visitantes extranjeros, como ocurre con el ciudadano italo-
uruguayo, Antonio Vulcano, a quien mantienen injustamente en prisión, pese a las
insistentes reclamaciones de múltiples organismos internacionales y destacadas
personalidades mexicanas. Empero, el comandante en jefe del ejército, general
Landazabal Reyes, insistió en la necesidad de “cambios” sociales y políticos como
la única alternativa para derrotar la guerrilla.
El dilema que ahora se le plantea al M-19 es que haga frente a una situación que el
mismo movimiento ha provocado. Si bien el reparto de poder entre liberales y
conservadores nunca se destacó por la democracia y libertades públicas, un posible
gobierno dictatorial castrense tendría serias consecuencias para todo el movimiento
popular colombiano y también, particularmente, para la relación de fuerzas
continental, hoy seriamente afectada por las dictaduras militares. El M-19 no tiene,
por el momento, posibilidad alguna de asumir la aguda contradicción que ha
provocado en Colombia. Solo puede profundizar.