El eje internacional del terrorismo estatal instalado en el triángulo geográfico constituido por Argentina, Chile y Uruguay, acaba de dar una prueba más de su concertación represiva, implantada sin pudor alguno, pese al clamor indignado de la opinión pública mundial.
Ya no se preocupan de hacer desaparecer las pruebas del caso. Confiesan cínica y abiertamente que están dispuestos a violar las más elementales normas del derecho internacional, pasando por encima de los tratados signados en épocas de orgullo nacional.
La nueva prueba que nos traen hoy los cables confirman el juicio referido.
Elsa Altuna, secretaria general de la Asociación de la Prensa Uruguaya, secuestrada en Buenos Aires el 1° de febrero último, acaba de aparecer en el campo de concentración femenino de Punta Ríeles, ubicado en territorio uruguayo.
Una vez más los comandos uruguayos que operan impunemente en Buenos Aires, con el apoyo abierto de las fuerzas represivas argentinas, actuaron a cara descubierta, sin que ningún obstáculo impidiera sus designios. En la misma forma en que secuestraron y asesinaron hace dos años a los parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, símbolos hoy de la unidad antidictatorial.
En aquella oportunidad quedó debidamente probada la participación mixta argentino – uruguaya del comando que los secuestró, la complicidad de las fuerzas policiales de Buenos Aires que despejaron el camino hacia el breve cautiverio de los dos mártires latinoamericanos, la unidad militar argentina que sirvió de base para que los interrogadores uruguayos especialmente designados concretaran la indagatoria y finalmente la terrible decisión, aún impune, de ejecutarlos fríamente, acordada por ambos gobiernos militares, que mancharon esta vez sus manos con sangre que nunca podrán borrar.
Ayer como hoy, ambos regímenes negaron toda participación delictiva, pero Elsa Altuna es una nueva prueba viviente más de la mentira metódica que caracteriza al terrorismo militar en el Cono Sur.
¿Cómo puede aparecer cautiva en el campo uruguayo de concentración de Punta Rieles, cuando el 1° de febrero último se encontraba en las oficinas de migraciones argentinas para completar sus trámites de radicación definitiva en ese país?
Las dictaduras genocidas de Argentina y Uruguay han eliminado virtualmente sus fronteras y unificado su legislación en aras de terminar con los dirigentes populares que realimentarán el proceso de masas que tumbará al fascismo.
Pero lo que más llama la atención es la impunidad con qué actúan, sin manos enguantadas que cubran sus huellas dactilares para eludir el juicio inapelable de la historia.
Hace años los secuestros internacionales de Ben Barka y Adolfo Eichman por poner ejemplos ideológicamente antagónicos, conmovieron a la opinión pública del orbe.
Pero en ambos casos, la complicidad oficial entre el país secuestrador y el gobierno sede del secuestrado, o era inexistente o se situaba a niveles administrativos inferiores.
En el cono sur se secuestra en acuerdo de Gobierno a Gobierno, se traslada de un país a otro en aviones oficiales de la Fuerza Aérea de ambas Naciones, y se ejecuta a las víctimas ya sea en uno u otro territorio según convenga a la imagen que se pretenda dar o al estado de cuantas del siniestro “clearing” compensatorio de trágicos favores mutuos.
Y el grado de impunidad es tan grande que en ocasiones han llegado a secuestrar masivamente, como es el increíble caso de Enrique Rodríguez Larreta y trece ciudadanos uruguayos más, capturados en Argentina, torturados durante semanas en cárceles clandestinas de ese país y trasladados en camiones oficiales del Ejército argentino al aeropuerto militar para luego ser trasladados en aviones de la Fuerza Aérea uruguaya directamente a las prisiones de esa República.
Y cuando no optan por capturar a hombres que gozan de su libertad, se ensañan con prisioneros políticos que acaban de cumplir su pena, secuestrándolos a la salida del penal, como acaba de ocurrir con el digno dirigente político y sindical, Ricardo Vilaró Sanguinetti, cuyo caso ha movilizado a varias cancillerías europeas, cubriendo de ignominia a la dictadura uruguaya.
Elsa Altuna, víctima hoy por sus convicciones, de la concertación represiva en el cono sur, junto con los dirigentes populares uruguayos secuestrados en Argentina, Gerardo Gatti, Manuel Liberoff, Hugo Méndez y decenas de luchadores antidictatoriales más, constituyen la prueba más acabada de la pesadilla que hoy viven los pueblos del Río de la Plata.