En la jornada de ayer decenas de reuniones pautaron el trajín político y militar ante el “desacato” a los reglamentos castrenses protagonizados por ocho desobedientes integrantes del generalato de tierra.
Hay nerviosismo ante el salto al vacío que 8 oficiales de la máxima jerarquía militar protagonizaron al visitar conjuntamente al coronel Tranquilino Machado en su prisión de la Guardia de Coraceros, ordenada por un digno representante del Poder Judicial uruguayo, el juez penal Ruben Saravia, ante la ejecución “fútil, irracional y absurda” del joven estudiante Ramón Peré, que protestaba pacíficamente contra el golpe de Estado en julio de 1973.
El desacato de los 8 fue meticulosamente preparado. Hubo reuniones previas, fue un acto coordinado, actuaron de consuno y a pesar del rechazo de los jefes de las poderosas divisiones militares 2 y 4 y del comandante en jefe del Ejército y del jefe del Estado Mayor, se llevó a cabo midiendo las consecuencias.
No es de descartar que este intento de desestabilización del gobierno, que no tendrá más efecto que el de tentativa frustrada, cuente con cierto respaldo de sectores políticos anacrónicos y antinacionales que apuestan a debilitar el poder progresista, aunque en esta perversa misión se resientan las instituciones.
El nudo del asunto gira en torno a develar la incógnita sobre ¿quién está detrás de esta acción violatoria de la legalidad castrense?
La primera reacción del Presidente de la República y su ministro de Defensa ha sido de prudencia y cautela. No dejaron que el hemisferio derecho del cerebro, la emoción, nublara la porción izquierda donde se aloja la razón y el entendimiento. Se expedirán el lunes sobre el exabrupto de los ocho uniformados. Y esperarán además el pronunciamiento del comandante del Ejército, general Rosales, primer desairado de este desatino militar. La vigilia, empero, no implica debilidad sino fortaleza racional.
Las sanciones pueden llegar hasta el relevo de todos los infractores y el pase a retiro de los ocho generales. En ese caso no será acto heroico alguno el protagonizado por los generales, violadores a conciencia de los propios reglamentos que juraron respetar, ya que su pase a retiro implicará mayores ingresos de los que disponen actualmente. Pueden, sin embargo, adoptarse otras sanciones, que no impliquen premio alguno.
Lo cierto es que no consiguieron sumar a su protesta contra un poder democrático del Estado uruguayo, ni a la otra mitad del generalato de tierra, ni a la Marina Nacional ni a la Fuerza Aérea, que no participaron en modo alguno en este aquelarre sin destino.
Los ocho sabían que están absolutamente prohibidas las manifestaciones colectivas de su arma. Pueden incluso reclamar contra sus jefes, pero en forma individual, no colectiva. Ese es el espíritu de la fuerza a la que pertenecen. Y así es en todos los ejércitos, desde la Edad Media hasta nuestros días.
Es hora de fortalecer el proceso democrático. Es hora de no permitir más estos desplantes contra el Poder Judicial. Es hora de hacer que respeten las instituciones quienes las ofenden, cuando su único trabajo profesional como militares es defenderlas, no denostarlas. El pueblo uruguayo, sin distinción de banderías, estamos seguros, que acompañará a nuestro Presidente, que hoy encarna a las instituciones del Estado democrático, en la decisión que adopte para poner coto al desborde de algunos militares y de civiles que en las sombras los usan como fusibles desestabilizadores. Es la hora de que la democracia haga tronar el escarmiento.