Viernes 28 de septiembre de 2007 | 04:24
Escribe: Federico Fasano Mertens
Uno de los grandes escollos que se presentan en el camino de una comunicación democrática, es la indiferencia del Estado nacional ante la omnipotencia de los medios de comunicación masiva y la impotencia de una sociedad desmovilizada e ignorante de sus derechos.
La realidad de hoy demuestra que los sectores hegemónicos no han cedido autonomía alguna al Estado en una de las áreas más estratégicas para sus intereses: la de la información
Nuestro Estado nacional durante todo el siglo pasado, en virtud de un cierto grado de autonomía relativa frente al capital privado y debido a las contradicciones de las luchas interburguesas, supo diseñar con habilidad, aunque sin superar la dependencia, estrategias básicas que conformaron el sistema industrial, el sistema educacional, alcanzando relativos avances materiales y culturales. Pero en el campo de la comunicación social, un fenómeno nuevo que todavía sorprende a cada instante con los efectos de su expansión, revela que nuestro Estado en el pasado, y en gran parte también en el presente, observa una debilidad en perjuicio de la población y de sus propias obligaciones que es imprescindible subsanar. Su ausencia es incomprensible. Ausencia como legislador y regulador. Ausencia como custodio del cumplimiento de las leyes que norman el sistema. Ausencia como productor de servicios auxiliares. Ausencia como informador de sus propias actividades. Ausencia como operador y empresario de sus propios medios. (En este ítem debemos afirmar que en el pasado esa ausencia fue dolosamente pactada con los medios privados para no competir con ellos, y en el presente tamaña deserción viene siendo corregida lentamente). Ausencia en fin de una política nacional de comunicación social. Y sabido es, que toda ausencia de políticas es también una política. En este caso, la política del laisez faire, que implica trasladar la toma de decisiones desde los centros sociales y estatales hacia los directorios de las sociedades anónimas de información.
Hasta el arribo de la izquierda a la administración del Estado, las políticas estatales de información se limitaron a lograr que los medios privados trataran favorablemente la comunicación oficial obteniendo por medios directos o indirectos, de presión o seducción, algunos centímetros o segundos más de noticias favorables que el día anterior.
Ni siquiera ante uno de los mayores peligros denunciados por el propio sistema, referido a la tendencia al monopolio en algunas áreas informativas, el Estado conservador reaccionó de acuerdo a sus bases programáticas. Frente a tal peligro el Estado careció de políticas de apoyo a la diversidad real, favoreciendo paradójicamente a los monopolios en ciernes en perjuicio de multitud de empresas menores cada vez más desprotegidas y enfrentadas a una perspectiva de disolución.
Nuestro Estado uruguayo en esta materia ha carecido de respuestas, pero, lo que es más dramático aún, es que ha carecido también de preguntas. Y ha ignorado o pretendido ignorar que el problema de la redistribución de la palabra en el país no es un problema técnico sino político.
Claro debe quedar en estas reflexiones que no estamos proponiendo intervención oficialista en la información. No confundimos modelo estatal con modelo oficial. En el pasado la denominada comunicación estatal no estuvo al servicio del Estado y sus fines, sino al servicio del oficialismo gubernamental. No confundimos gobierno con Estado, ni capacidad nacional de comunicar con capacidad estatal. La capacidad estatal es sólo una parte de aquella. Si la capacidad de comunicar está concentrada en el Estado, el proceso se empobrece en su conjunto y deviene en una capacidad nacional disminuida.
Lejos de nuestra intención, ya que hemos sufrido en carne propia en el pasado, clausuras y amenazas por informar sin sumisión, está promover la intromisión estatal en la comunicación.
Coincidimos con el Marx de la “Crítica al programa de Gotha” proponiendo “convertir al Estado de órgano que está por encima de la sociedad en un órgano completamente subordinado a ella”. Es la vieja tradición liberal del marxismo que en su momento alzaron con vigor Federico Engels y Carlos Marx para enfrentar la concepción estatizadora de Lasalle. Pero también creemos que el Estado tiene algo para decir y hacer para impedir que perezca la diversidad real y la información no continúe siendo el lado más flaco de la democracia política uruguaya.
Pero no confundir modelo estatal con modelo oficial no implica ser cómplice de la omnipotencia de los medios privados de comunicación, que reinan y gobiernan en el circuito informativo, sin rendir cuentas a nadie y mucho menos a la sociedad, su mandante putativo.
Tantas décadas de mamar de una teta que discriminó a sus hijos puede ocasionar cambios drásticos en el centenario sistema monopólico de comunicación
En los últimos días este inmenso poder mass mediático, el único poder que no requiere sustento democrático alguno, protagonizó una histérica pataleta contra un funcionario público que pretendía con honestidad defender profesionalmente a la empresa estatal de todos los uruguayos, que lo contrató para serle fiel.
Nos referimos a Michel Visillac, asesor de comunicación de Antel, que tuvo la ingenuidad y la osadía de intentar que su empleadora pudiera competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas que le disputan el mercado.
De inmediato los sepulcros blanqueados rasgaron sus vestiduras, dedujeron que si Antel promocionaba sus productos eligiendo con criterios científicos tanto a los medios técnicamente adecuados para circular su mensaje, así como los días en que convenía difundirlos, los tirajes o audiencias más óptimos para matrizar sus ofertas y los precios más adecuados al costo-beneficio, todo ello atentaba contra la libertad de prensa.
El caso Visillac, bien puede convertirse en un casus bellis que desnude la omnipotencia de los medios privados y la deserción del Estado nacional de sus obligaciones para con la sociedad civil que representa.
El intento de linchamiento a Visillac es el reflejo pavliano del poder mediático privado, que aún es hegemónico en nuestra formación social, para que el Estado continúe siendo el gran subsidiador del bloque dominante. La ficta libertad de prensa uruguaya de la cual hablaremos el próximo viernes, es sólo la excusa para transformar ese valor ciudadano en una mera mercancía. No quieren que el Estado invierta en los medios, quieren que los subsidie sin entregar, en contrapartida, ningún derecho a la sociedad, la gran paria del circuito informativo.
Bastó para que alguien con honestidad y profesionalismo aplicara los principios básicos contenidos en los manuales de mercadotecnia para intentar que su empresa, que además coincide que es la empresa de todos los ciudadanos, pudiera competir en igualdad de condiciones con sus rivales cuyos únicos beneficiarios son una porción minúscula de accionistas, para que el aquelarre nublara el entendimiento de unos y también, lamentablemente, de los otros, de aquellos que no debieran dejarse manipular por las estratagemas del establishment.
¿Dónde está escrito que las empresas privadas pueden avisar donde se les ocurre, al precio más bajo de mercado y el día que les venga en gana, mientras las empresas públicas no pueden elegir los medios donde avisan ni el día que les conviene y además deben abonar con el dinero del pueblo el doble de lo que desembolsan sus competidores privados?
El poder mediático debe entender de una buena vez que la alianza sempiterna entre el Estado y el bloque histórico dominante cesó el primero de marzo de 2005 y fue sustituido por el contrato Estado y Sociedad, contrato en el cual los medios serán respetados en la medida en que no expropien los derechos de la comunidad, y de la gente, razón exclusiva y excluyente de un sist
ema de comunicación e información democrático.
Y bueno es que comiencen a entender que no pueden negarle al Estado esa obligación de defender los intereses de la sociedad. Y que si esa defensa continúa siendo saboteada pueden surgir voces de las entrañas de los ciudadanos que impulsen una ley que asegure al Estado la comunicación gratuita de sus mensajes a la sociedad, por lo menos en los medios concesionados.
Una bolsa publicitaria gratuita para el Estado facilitará su obligación de comunicarse con los ciudadanos y al mismo tiempo enterrará la polémica sobre discriminaciones que atentan presuntamente contra la libertad de prensa.
¡Cuidado, poderosos barones de los medios! Tantas décadas de mamar de una teta que discriminó a sus hijos puede traer aparejados cambios drásticos en el centenario sistema monopólico de comunicación. *