Domingo 17 de junio de 2001 |
Escribe: Federico Fasano Mertens
Polémica en la izquierda: Mujica y las estratagemas del establishment
12 años después: el próximo 10 de diciembre de 2013 se estará votando en la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Nos parece de interés público destacar la posición editorial del Dr.Federico Fasano sobre el tema, hace ya más de doce años.
El apotegma sonó como un latigazo en mis neuronas y en mis oídos. Ya la había oído repetidas veces en boca de un tradicional adversario, el actual director de Búsqueda, Danilo Arbilla. Pero esta vez la saeta era lanzada por un aliado, un amigo y un hombre auténtico como el que más: el senador José Mujica, dirigente de la izquierda de las raíces (radical). En mi última columna “La cosa vostra” me comprometí con los lectores a contestarle, no por entender que fue un desliz conceptual del senador del pueblo, sino porque creo que mucha gente de izquierda también coincide con él, en que lo mejor en materia de información es la ausencia total de regulación. El ¡viva la desregulación noticiosa! parece ser el canto de guerra que la derecha nativa ha logrado inyectar en las venas de buena parte de la izquierda nacional. Y como el tema me parece que se inscribe en los primeros lugares del orden del día del proyecto nacional y popular que la izquierda está diseñando para 2004, es que aprovecho esta coyuntura para reflexionar con Mujica y con otros sectores del cambio en torno a este punto, esencial para la democracia que buscamos. Me convoca a este debate la pedagogía de la libertad, motor que mueve las aspas del molino de la nueva izquierda, en todos los rincones de un planeta que hoy se enfrenta al fundamentalismo de los talibanes librecambistas. Pero aclaremos que este debate hoy lo depositamos en el seno de la izquierda. No es con Arbilla, ni con Búsqueda, ni con la derecha, que han rehusado una y cien veces polemizar sobre este punto. Ellos son irredentos. La izquierda no. Ya explicamos que ese lamentable slogan –”no hay mejor ley de prensa que la que no existe”– cuya autoría se atribuye Arbilla y apoyó en mala hora nuestro Pepe Mujica, es un plagio burdo de un discurso del sajón Friedrich Austerlitz, un hábil simulador, que años después de su demagógica afirmación, impuso el 7 de abril de 1922 al pueblo austríaco una feroz y autoritaria ley de prensa. Pero analicemos por qué Mujica y buena parte de la izquierda ven con simpatía la ausencia de una ley de prensa. Aclaremos que las prevenciones antiestatistas proceden tanto de la derecha como de la izquierda. La derecha teme perder el férreo control que ejerce sobre esa materia prima de primera necesidad, que es la información y cuya influencia sobre el poder y la cultura es hoy más valiosa que el más sofisticado de los armamentos. Su oposición a la mediación estatal a través de la legislación, no es en defensa de la libertad de prensa sino de una libertad de empresa que antepone el privilegio de un albedrío especialmente libre para el lucro y no para la libre difusión de las voces más postergadas de nuestra sociedad. La izquierda también teme a una legislación que erija al Estado en mediador entre órganos de difusión y la sociedad desprotegida. Seguramente la vieja y noble raíz anarquista sea la explicación más verosímil de la reflexión de Mujica y de muchos sectores de la izquierda uruguaya. No se dan cuenta que el Estado no es siempre, necesariamente, una fortaleza de dominación o un nuevo espacio represivo distanciado de todo proyecto democratizador, portador de una lógica unívoca y antipopular. No dudo en afirmar, con riesgo de soportar el anatema, que no puede existir democratización, ni nacionalización informativa, sin una gravitante presencia del Estado democrático. La izquierda debe archivar un postulado que antaño fue genuino y hoy nada tiene que ver con la realidad, enfrentando lo estatal bajo la idea de que su misión histórica es irreversible, unilineal, instrumento de los intereses antipopulares, sólo superable mediante su aniquilamiento. Disentimos. Hoy el Estado, en muchas comarcas, y más en la nuestra, no es el enemigo principal de los intereses populares. Otras son las fuerzas que se enfrentan al cambio y que, cada vez más, debilitan al Estado nacional y buscan expropiarle la fuerza de la que antes se sirvieron con servidumbre y pleitesía, más allá de un cierto grado de autonomía y de las contradicciones de intereses secundarios. Y si hablamos del Estado uruguayo, la izquierda no debe olvidar cuán cerca se encuentra de administrarlo para servir los postergados intereses de la sociedad civil. Seguimos creyendo que el Estado uruguayo, por sus raíces y experiencias, es más susceptible de democratizar que los monopolios de la información. Es el único capaz de permitir que las organizaciones representativas operen sus propios medios y capaz también de trasladar el proceso de la comunicación del interés particular al interés social. Para ello, la sociedad y sus representantes deben “depurarlo” con la sanción de una ley, sí, de una ley estamos hablando, compañero Mujica, de una ley general de comunicación social, que organice a los receptores para que exijan sus derechos ante los medios cuyos productos culturales consumen. De ahí el temor a legislar que posee la derecha, Arbilla, Búsqueda y sus aliados. De ahí que no entendemos el temor a legislar de buena parte de nuestra izquierda. Las actividades de la información se han desarrollado y han crecido por mucho tiempo sin legislación o regulación adecuadas que orientasen ese desarrollo, encontrándonos hoy ante una situación de hecho en torno a la cual se tejen innumerables y poderosos intereses. Han funcionado más por la vía del hecho que del derecho. Por la vía del hecho generado en forma casi omnipotente por los enormes intereses en juego. Es la existencia previa de estos intereses en juego lo que convierte en delicado el tema, y no su complejidad jurídica en sí, que no es mayor a la otra gran cantidad y variedad de áreas sobre las cuales la legislación existe desde hace tiempo. En otras palabras: ¿por qué resulta impensable un sistema comercial sin ordenamiento legal?; ¿por qué no podemos concebir un sistema educativo desarrollado espontáneamente?; ¿por qué tomamos con naturalidad el hecho de que las actividades industriales se atengan a una cierta normatividad? Más en general: ¿por qué las obligaciones que derivan de cada una de las grandes libertades que establece la Constitución, constituyen objeto de legislación y sin embargo se niegan sistemáticamente a que la información y la comunicación tengan un trato equivalente? Intereses que nunca se negaron a regular el sistema comercial del país, ni su sistema educativo, ni, obviamente, el sistema industrial y comercial, se niegan ferozmente a que sea regulada la actividad informativa. Otra vez lo volvemos a repetir: el problema de la redistribución de la palabra en el Uruguay no es un problema técnico sino político. Es, por todo ello, necesario abrir una cuarta etapa legislativa que ponga orden en este caos legal que hoy nos abruma, y fije las pautas de una política democratizadora de la información. El examen de la normativa legal uruguaya sobre información desanima al más entusiasta. Más de 2.000 leyes, decretos y resoluciones configuran una verdadera maraña donde mueren todas las esperanzas de democratizar la información. Normas parciales, superpuestas, contradictorias entre sí, dictadas con abuso de la técnica de la derogación tácita y con una total ausencia del esfuerzo sistematizador, nacidas al impulso de la urgencia de respuestas jurídicas meramente coyunturales, están pidiendo a gritos la sanción de una gran ley nacional democratizadora de la comunicación social. Sin embargo, el solo enunciado de tales intenciones produce un coro de lamentos y rasguidos sonoros de vestiduras, que sólo esconden pavores que no dejan exhibir sus razones reales. En una sociedad como la nuestra, fundada en el derecho y organizada por la ley, resulta incomprensible la afirmación de que “no debe legislarse” sobre tal o cual tema. Pueden y deben discutirse y rechazarse o aprobarse los contenidos, el articulado, el espíritu, las normas generales o particulares a ser establecidas por la legislación en cada caso. Pero no cabe negarse a la legislación. Semejante conducta contradice los fundamentos de nuestra organización y existencia social. Es por todo ello necesario abrir una cuarta etapa legislativa que ponga orden en este caos legal que hoy nos abruma, y fije las pautas de una política democratizadora de la información. Si hoy no lo hacemos, tarde o temprano un gobierno al servicio de la gente lo tendrá que hacer. Preparémosle el camino. En primer lugar no internalizando en el alma de nuestro pueblo la consigna antiparticipativa: “No hay mejor ley de prensa que la que no existe”. En el país existieron tres grandes etapas legales sobre la información. La primera transcurrió de 1928 a 1973. Fue un período demoliberal de signo batllista con fuerte acento estatista en lo jurídico formal, en lo que tiene que ver con la radiodifusión. En el resto del sector, ese período consagró la omnipotencia de los medios y desprotegió a la sociedad. Sus ejes fueron la ley de radiodifusión de 1928 y su decreto reglamentario de 1929, el decreto de 1956 incorporando la televisión al sistema y la ley de prensa de 1935. La segunda etapa coincidió con el autoritarismo militar de 1973 a 1984, donde los medios y la sociedad fueron sometidos al poder de un Estado criminal. Fue un período pleno de contradicciones porque el Estado autoritario para someter a los medios utilizó tácticas múltiples, una de las cuales fue abrir rendijas contradictorias por donde la sociedad finalmente se coló, utilizando entre otras cosas el derecho de respuesta consagrado en forma eficaz por primera vez, paradójicamente, por un gobierno antidemocrático. Sus ejes legales fueron el decreto ley de radiodifusión de 1977 y el decreto ley de 1984 sobre la prensa escrita. La tercera y última etapa de 1985 hasta nuestros días fue la contracara de la primera y la podemos calificar como período demoliberal antibatllista, de clara subordinación de la sociedad y del propio Estado al poder de los medios. Esta etapa corrigió la “desviación” batllista de 1928 que había defendido al Estado frente a los medios, aunque sólo fuera en sus aspectos formales. Este último período ignoró aún más los derechos de la sociedad. Más allá de las buenas intenciones del decreto 100 de 1985, que obligó a “permitir el acceso a la información a todos los sectores del país” y a “controlar el nivel cultural de los medios (audiovisuales)”, la presión privada obtuvo una modificación radical de las intenciones primigenias. Fue así como por el decreto 350 de 1986 se suprimió la obligación del correcto nivel artístico y cultural. Fue así como se vetó el proyecto aprobado por el Parlamento que intentaba sustraerle al Ministerio de Defensa Nacional, facultades en materia de radiodifusión, para entregárselas a un organismo menos cerrado, como Antel. Fue así como se propuso por iniciativa del Poder Ejecutivo del 25 de setiembre de 1986, la perpetuidad de las actuales concesiones de las ondas de radio y televisión, así como la eliminación de todas las anteriores condiciones de vigencia de la caducidad de la obligación de los permisionarios de no comprometer el interés público. Fue así como también se propuso la eliminación de la sanción de la revocación de autorizaciones por causa justificada y la obligación de mantener un nivel de calidad en los programas y tiempos reservados para el Estado, para transmisiones de interés general. Fue así como en 1994 el gobierno de Lacalle, violando toda las normas vigentes, aplicó un golpe de muerte a la pluralidad de voces en la novel televisión por cable, eliminando a todos los preclasificados e imponiendo el monoplio en la nueva modalidad con razones espurias e infundadas. Comentario aparte merece la imperfecta ley de prensa que aún nos rige, nacida en este tercer período que si bien tuvo el mérito de introducir conceptos favorables al derecho de la sociedad frente a los medios, su praxis determinó su utilización por intereses contrarios a los que dijo defender, siendo fuente jurisprudencial de abusos del derecho. Su modificación es una de las urgencias en este sector clave de la democracia uruguaya. En este último período, muchas de las propuestas retardatarias no obtuvieron sanción, pero marcaron en forma indeleble la vocación conservadora de las administraciones que sucedieron al despotismo militar, opuestas todas a la filosofía batllista de 1928. La cuarta etapa legislativa que proponemos deberá superar el período liberal del 28, la etapa autoritaria del 73 y el retroceso neoliberal del 85. Estado, medios y sociedad deberán compatibilizar intereses, ante el imperio de una nueva ley igualitaria, para modificar la hegemonía de los medios, la complicidad del Estado y el desamparo de la sociedad civil. Estas son las razones que me han llevado a advertir a la izquierda que no se deje seducir por los cantos de sirena del antiestatismo neoliberal en materia de información. No son pocos los dirigentes con los que he conversado el tema, que me han reconocido que no se habían dado cuenta como el neoliberalismo económico hunde sus raíces también en el neoliberalismo informativo controlador de las sociedades anónimas de los medios de comunicación. Estos han sabido disimular bien su parentesco entre ambas familias, explotando la tradición libertaria de la izquierda uruguaya, desconfiada, con razón, frente al poder de un Estado que siempre la perjudicó. Nadie podrá creer que estoy proponiendo la intervención oficialista en la información. No confundo modelo estatal con modelo oficial. En general la denominada comunicación estatal no está al servicio del Estado y sus fines sino al servicio del oficialismo del gobierno. No confundo gobierno con Estado, ni capacidad nacional de comunicar, con capacidad estatal. La capacidad estatal es sólo una parte de aquélla. Si la capacidad de comunicar está concentrada en el Estado, el proceso se empobrece en su conjunto y deviene una capacidad nacional disminuida. Lejos de mi intención, ya que he sufrido en carne propia, clausuras, amenazas, atentados, expropiaciones por informar sin sumisión, enfrentado a los poderes de todos los tiempos, está promover la intromisión estatal en la comunicación. Coincido sin titubeos con el Marx de la “Crítica al programa de Gotha”, proponiendo “convertir al Estado de órgano que está por encima de la sociedad en un órgano completamente subordinado a ella”. Es la vieja y querida tradición liberal del marxismo que en su momento alzaron con vigor Federico Engels y Carlos Marx para enfrentar la concepción estatizadora de Lasalle. Pero también creemos que el Estado uruguayo tiene algo para decir y hacer para poder impedir que perezca la diversidad real y la información no continúe siendo el lado más flaco de la democracia política uruguaya. Es bueno que don José Mujica y los hombres y mujeres de la izquierda uruguaya, la fuerza que más ha luchado en este país por la democratización real y profunda de nuestra Nación, no se confundan, en esta materia, por el nuevo ropaje con que viste su desnudez ideológica, el circuito hegemónico de la información. Es necesario descubrir las estratagemas de la dominación en este tema tan sensible para la supervivencia del establishment. Nos va la vida en ello.