El Poder Judicial uruguayo, modelo de equidad e independencia, se ha convertido hoy en virtud del Acto Constitucional N° 8 del Gobierno cívico-militar de ese país, en el ejemplo de degradación jurídica más codiciado por los catedráticos de Derecho Comparado del mundo civilizado. En la década de los 50 no había foro jurídico internacional donde Uruguay no fuera exhibido como ejemplo, no fuera designado en cargos de honor, no lo condecoraran por su independencia.
Hoy ni las cenizas quedan de sus instituciones jurisdiccionales. Por simple decreto, el Gobierno de facto declaró caducas las tradiciones jurídicas de esa nación, estableciendo que a partir de la fecha no existe más que un solo poder, el “poder público”, representado por el Poder Ejecutivo.
Para que no quede ninguna duda al respecto se elimina el título de la sección XV de la Constitución qué antes se denominaba “Poder Judicial” pasando a llamarse “De la Jurisdicción”.
Y para bajarle los “humos” a ciertos jueces liberales el nombre de la “Suprema Corte de Justicia” fue decapitado. Ahora se llamará simplemente Corte de Justicia, ya que – fundamentan los militares- desaparecido el Poder Judicial como tal, la Corte pierde su característica de suprema.
En los considerandos del decreto se afirma textualmente, sin temor a que los foros mundiales se rasguen las vestiduras, que existía en Uruguay “una sobreestimación del concepto de poder referido a la justicia y una subestimación del mismo referido al Poder Ejecutivo”.
Por lo tanto y para corregir semejante anomalía histórica, se suprimió en todos los capítulos de la Constitución la expresión Poder Judicial y se agregó en 14 oportunidades más el vocablo Poder Ejecutivo.
En otro considerando se afirma que la justicia cumple una función tan delicada y sensible que impone un ejercicio practicado en las más exigentes condiciones de equilibrio social e incontaminación psicológica y, por lo tanto, para cumplir con esas “exigentes condiciones” y sobre todo evitar la “contaminación”, todos los jueces serán designados a partir de la fecha por el Gobierno militar, declarando interinos y revocables a todos los magistrados que actualmente ejercen sus funciones.
Y por si se equivocan al designar algún juez hoy complaciente, que mañana su honor y su vergüenza lo instaran a obrar de acuerdo a su conciencia, otro artículo del decreto evita tal posibilidad prohibiéndoles la anulación en el ejercicio de su función de todos los actos políticos y de gobierno y de todos aquellos que por razones de seguridad o de interés público la ley declare irrecurribles ante esta jurisdicción o aquellas de naturaleza administrativa que por los mismos fundamentos dicte el Poder Ejecutivo .
Los increíbles considerandos que preceden al articulado harían temblar al propio Montesquieu en su tumba, al declarar caduca la clásica doctrina de la división de poderes.
Los tiranos que se atrevieron a firmar tamaño “acto inconstitucional” decretaron además la “situación de disponibilidad para todos los funcionarios de la administración central y de la descentralizada”, destruyendo además el principio, sagrado en el Uruguay liberal hoy herido de muerte, de la inamovilidad del funcionario dependiente del poder político.
En un primer momento los liberticidas no se animaron a extender el crimen a la judicatura, pero ante ciertas rebeliones aisladas de algunos magistrados decidieron pasar a todos los jueces y empleados de la administración de justicia a total situación de disponibilidad.
De esta manera acabaron por completo con la independencia del Poder Judicial, vulnerándolo en su naturaleza misma. El texto sometedor es de una crudeza tal que no tiene parangón, ni siquiera en las compinches dictaduras vecinas de Argentina y Chile.
Respecto a los jueces que aún conservan el cargo, una de las disposiciones transitorias dice textualmente: “declárase con carácter interino a todos los magistrados judiciales, cualquiera sea su categoría, de la justicia ordinaria y de la justicia administrativa, por un período de cuatro años a contar de la fecha del presente acto institucional”. Para agregar luego: “durante ese período de interinato el Poder Ejecutivo los podrá remover en cualquier momento por propia iniciativa”.
El viejo Poder Judicial uruguayo venía haciendo desde 1968 presionado, atemorizado, hostilizado hasta grados insoportables para su independencia. Pero ningún letrado de esa época podía siquiera imaginar una escalada de tamaña entidad contra una institución de cuño liberal, qué no supo defender con lucidez y valentía su independencia, ni su papel de celoso guardián de la Constitución mancillada. Cuándo pudo no quiso y cuando quiso no pudo. Cuándo pudo instrumentar el juicio político y el procesamiento de los delincuentes que desde la primera magistratura pisotearon la Constitución y desacataron las órdenes del Parlamento soberano, no lo hicieron sino que creyeron -en su inseguridad y vesania- qué los excesos no los alcanzarían.
Y cuando una a una fueron cayendo todas las tradiciones, todas las instituciones “intocables” del viejo liberalismo, ya era tarde para salvar el mancillado de la judicatura uruguaya. Y esta vio caer la cuchilla de los militares sobre su cuello de doncella “desprevenida” sin siquiera ensayar una protesta altiva como guardián de las tradiciones orientales.
Vieja lección de la historia, que hoy lamentablemente se renueva una vez más en el pisoteado solar uruguayo.