En las próximas semanas dará a luz en Venezuela un libro sugestivamente titulado
“Pusimos la bomba ¿y qué?”, escrito por Alicia Herrera, una conocida periodista
caraqueña, estrechamente relacionada con los autores del demencial atentado contra
la compañía Cubana de Aviación, en el cual perecieron en pleno vuelo 70 personas,
cuyo único delito fue haber nacido en la patria de Martí, ya que ni siquiera eran
funcionarios del gobierno socialista. La señora Herrera, de reconocida militancia
contra las ideas y los actos del dirigente del pueblo cubano, Fidel Castro, es
insospechable de parcialidad izquierdista.
Según afirma, su repulsión ante el indiscriminado acto de barbarie la indujo a tomar
contacto con Orlando Bosch, Freddy Lugo, Luis Posada Carriles y Hernán Ricardo,
autores materiales, aunque no intelectuales, de este crimen colectivo ajeno a toda
racionalidad política. El aporte Velloso del libro gira en torno a la internacional del
terror, organizada contra los pueblos latinoamericanos por las cofradías dictatoriales
que ocupan las dos terceras partes de nuestro continente. Si bien la autora
obviamente no se lo propone, a través de su relato queda, una vez más,
cumplidamente probado el accionar delictivo de esta siniestra internacional.
Es así como Herrera prueba las conexiones del grupo Bosch con la policía secreta
chilena y su participación en el asesinato del general legalista de ese país, Carlos
Prats, quien junto con su esposa fue ejecutado con gelignita en Buenos Aires, tumba
de asilados indefensos. Las páginas de esta obra desgranan múltiples infamias de
esta asociación delictiva. Entre ellos el atentado al vicepresidente de la Democracia
Cristiana chilena Bernardo Leighton y su esposa, que resultaron gravemente heridos,
así como el atentado contra el embajador cubano en Buenos Aires, Emilio Aragonés, y
contra el dirigente popular chileno Andrés Pascal Allende, en San José de Costa Rica.
Lo indignante de este caso de violencia patológica es el apoyo que el grupo obtuvo en
gobiernos, que un día sí y otro también, peroran indignados contra el “terrorismo” de
izquierda. Según la autora del libro, Bosch le confirmó fehacientemente que tenía
“excelentes relaciones con el actual gobierno de Venezuela”, cuya primera
magistratura detenta el presidente democristiano Luis Herrera Campins. Los hechos
eximen de todo comentario: en una de las farsas penales más grotescas de la historia
judicial venezolana, Orlando Bosch y sus compinches, luego de haberse comprobado
fehacientemente su responsabilidad en el múltiple crimen, fueron absueltos por el
tribunal militar que los juzgaba. Sólo falta la sentencia definitiva de la corte marcial
para que queden definitivamente en libertad y prontos a ofrecerse, nuevamente, al
servicio de las peores causas latinoamericanas.
Y por si la virtual impunidad de la que gozan fuera poco premio, el libro prueba que la
policía política venezolana le entrega a Bosch la suma de mil doscientos dólares
mensuales para sus gastos en prisión, mientras que su compañero de fechorías Luis
Posada Carriles, quizás por haber sido agente policial, cobra dos mil trescientos
dólares por mes por similar tarea.
¿Cómo es posible que a los autores de tan execrables atentados contra seres
humanos indefensos en tan diversos puntos de nuestra América, la pobre reciban
importantes sumas en moneda extranjera por estar un tiempo en la cárcel? ¿Es que
acaso los mismos gobiernos que condenan aquella violencia que es asumida como
proyecto estratégico para el acceso del pueblo al poder, pretenden premiar a los que
la asumen como única forma de desahogar su necrofilia militante?
La pregunta, esta vez debería responderla, no un dictador uniformado, sino un civil,
tan democristiano como Napoleón Duarte: Herrera Campins. Lo que llama la atención
es que ninguno de los gobiernos que sindican al terrorismo internacional como bruja
medieval rediviva, autora de epidemias y catástrofes incontables, y en virtud del cual
se ven obligados a reprimir opositores, incrementar gastos militares y descuidar los
derechos humanos, alcen -en este caso- su engolada voz indignada. Para nada
cuenta que los tupamaros uruguayos, los miristas chilenos, los montoneros
argentinos, el M-19 de Colombia o él ELN de Bolivia, por citar a las expresiones de
violencia popular que dejaron o dejan su huella en nuestras tierras, se cuidaran muy
bien -más allá de la incorrección o no de la metodología asumida- de atacar cines,
aviones, restaurantes o lugares públicos en general, evitando víctimas ajenas al
propósito político aprobado. La otra violencia, la violencia indiscriminada de quienes
se oponen a parir una sociedad de hombres libres e iguales, como la ejercida contra
70 indefensos pasajeros de un avión, no sólo no es combatida, sino que es premiada
sin pudor alguno.
Es que la doctrina Viola no sólo gira en torno al eje unificador de ejércitos en lucha
contra la “subversión socialista”, sino también en torno a la aplicación de métodos
terroristas indiscriminados como único camino para la represión popular. Que los
policías argentinos, chilenos, uruguayos, participen en comandos de la muerte que
siembran terror sin reconocer fronteras, no parece inquietar a nadie. Ni forma parte de
los discursos oficiales. A ellos todo les está permitido porque defienden a Occidente y
al cristianismo en una cruzada donde la guerra sucia ha sentado sus redes. Donde
todo vale para detener la voluntad de cambio. Donde la derecha de hoy y de siempre
hace suyas las palabras de Odilón Barrot: “La legalidad nos mata”.